Identificación, formación acreditada y habilitación veterinaria, pilares esenciales para la viabilidad de la Ley de Bienestar
AVEM explica que solo así la ley será útil y eficaz y ofrece toda su colaboración al director general de Derechos de los Animales en el desarrollo normativo y su implantación en las administraciones locales.
"Las dificultades para la puesta en marcha y la aplicación de la nueva Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales nos ha dado la oportunidad de reunirnos con José Ramón Becerra, recientemente nombrado director general de Derechos de los Animales, para transmitirle nuestra preocupación por la situación actual a nivel de los ayuntamientos en relación con este tema", explica Juan Carlos Ortiz, presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM), quien se reunión con José Ramón Becerra junto a la vicepresidenta Begoña Rodero en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. “Si queremos una ley útil y eficaz, que defienda la protección y el derecho de los animales, debemos trabajar en tres áreas que son los pilares fundamentales, para su viabilidad Identificación animal, formación acreditada y habilitación veterinaria”, añade.
AVEM tuvo la oportunidad de abordar, entre otras cuestiones, el desarrollo de la Ley y el papel que juegan los veterinarios municipales en su aplicación. "Trasladamos a Director nuestra preocupación por las grandes dificultades, en algunos casos insalvables, que tienen los ayuntamientos para cumplir algunas de las competencias y responsabilidades que les son asignadas por la nueva ley", explica.
"A los veterinarios municipales nos corresponde, como personal funcionario, con formación acreditada en protección y bienestar animal, ejercer las funciones de inspección y vigilancia del cumplimiento de lo que establece la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, a nivel de las administraciones locales en general y de los ayuntamientos en particular", detalla Ortiz.
El director puso en valor en todo momento la labor que realizan los veterinarios municipales y es consciente de las limitaciones y carencias de muchos ayuntamientos. Escuchó con atención la información y las propuestas que realizamos desde AVEM, por entender que ocupa una posición fundamental para conocer de primera mano los problemas que se están planteando para la aplicación y puesta en marcha de la nueva Ley y, al mismo tiempo, por disponer de los únicos datos reales y oficiales de los ayuntamientos en relación con la gestión de los animales de compañía.
Identificación animal obligatoria
"Desde AVEM hicimos especial hincapié en la necesidad urgente del cumplimiento de la obligatoriedad de la identificación de todos los animales de compañía. Además, le trasladamos la necesidad de la profesionalización a través de una formación adecuada y acreditada, de todo el personal municipal y voluntario que participe en las labores de atención, gestión y/o control de los animales de compañía en los municipios", apunta. "Le transmitimos también la necesidad urgente, de que el ministerio establezca el procedimiento para habilitar a profesionales veterinarios que puedan atender y dar servicio a los ayuntamientos para cumplir todas sus obligaciones y responsabilidades de la nueva ley. Este punto es extremadamente importante ya que solo el 7,6 % (100 municipios) de los ayuntamientos con población censada en 2022 superior a 5.000 habitantes (1.319 municipios) tiene un veterinario municipal como funcionario o interino a su servicio. Dicho de otra manera, el 92,4% de los ayuntamientos con población superior a 5.000 habitantes no tienen personal funcionario, con formación acreditada en protección y bienestar animal (veterinarios) como requiere la Ley", termina Ortiz. El presidente de AVEM ofreció al director general de Derechos de los Animales asesoramiento, apoyo y colaboración desde nuestra asociación para el desarrollo reglamentario de la Ley que entró en vigor el pasado mes de septiembre, así como para diseñar y desarrollar las medidas complementarias para atender las tres carencias actuales principales que permitan a los ayuntamientos cumplir y hacer cumplir la ley.
